Entrevista
Bernabé Blanco, presidente de Aedis (Asociación Empresarial para la Discapacidad)
“Los CEE se rigen por una normativa que viene de la antigua Lismi y necesitamos un cambio"
21/02/2020
Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa
Más de 38.000 trabajadores, de ellos 12.500 con discapacidad, están representados por la Asociación Empresarial para la Discapacidad (Aedis), una patronal atípica que lucha en estos días por la actualización de las normas que regulan el empleo de las personas con discapacidad y por la repercusión que tendrá el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en sus empresas.
¿Es el empleo el principal motivo u ocupación de Aedis?
Efectivamente, lo que más tiempo nos lleva es la negociación colectiva, la interlocución con el resto de agentes sociales, como los sindicatos, para negociar los convenios colectivos, para reuniones de las comisiones paritarias… Pero también representamos a las entidades desde ese ámbito más empresarial, no tanto en la atención a la persona, que también lo tenemos en cuenta. Es una patronal que piensa más en la persona que en la empresa.
¿Cómo transcurre el diálogo y la negociación colectiva en tiempos difíciles?
Siempre hemos tenido una buena relación con el ámbito sindical y ahora mismo está en vigor el 15 convenio colectivo, que se aprobó el año pasado después de unas duras negociaciones de año y medio. Pero en los anteriores convenios, en el 12, 13, el 14… ha habido siempre una buena sintonía, no exenta de problemas, porque defendemos intereses contrapuestos.
Es una patronal y un ámbito el nuestro un poco atípico, porque siempre está el destinatario final de todos estos servicios y recursos, que es la persona con discapacidad, que es vulnerable y todos, tanto sindicatos como nosotros, lo que pretendemos es su mayor inclusión social y esto termina uniendo en momentos que parece que hay distanciamiento. Pero no deja de ser una negociación y un día a día duro.
En esa última negociación, que afirma usted que ha sido tan dura, ¿cuáles han sido las cuestiones que han supuesto un mayor desencuentro?
Estamos en una situación en el país que cambia mucho y está afectando a todos los ámbitos. Hemos tenido desde 2018 hasta 2020 una subida muy importante del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En 2018 subió un 8%, en 2029 un 22% y este año sube otro 5-6%. Y es una subida muy importante que afecta más a colectivos como el nuestro, de la discapacidad, que le afecta de lleno porque el convenio laboral que rige está muy vinculado al salario mínimo. Al producirse esta subida tan necesaria, y tan espectacular, nos ha afectado de lleno en esa negociación colectiva y ha habido sus tiras y sus aflojas, pero no podíamos volver la espalda a la realidad y al final todo esto también ha tenido repercusiones en las diferentes comunidades autónomas, porque nuestras entidades viven de subvenciones y conciertos públicos con las administraciones regionales correspondientes y la subida del convenio colectivo vinculada al SMI ha sido muy grande y a su vez tenemos que repercutirla en los precios públicos de las administraciones y esto ha supuesto un conflicto importante que todavía sufren algunas entidades.
Supongo que todo esto también viene de lejos, incluso de la crisis, de los recortes en el sector social y la pelea con las administraciones públicas por recuperar ese margen perdido, ahora que ya corren mejores tiempos. ¿No es más difícil esa negociación que la de los sindicatos?
Evidentemente nosotros tenemos que representar a las entidades en esas dos vertientes, por un lado negociar unas buenas condiciones laborales para los trabajadores que prestan un servicio muy necesario, además de la transformación de los servicios que estamos viviendo hoy en día en las entidades de la discapacidad, con servicios más abiertos a la comunidad, apoyos más individualizados, itinerarios personalizados… todo esto supone más coste y queremos además que ese servicio lo hagan trabajadores bien retribuidos y contentos, con buen clima para hacer un trabajo en condiciones.
Eso por un lado, pero por otro, viniendo de la crisis, recuperar todo eso y además ponernos a la vanguardia, está costando mucho trabajo y ahí también tenemos que prestar apoyo a nuestras organizaciones para que los costes/plaza con sus comunidades autónomas sean dignos y en condiciones óptimas.
Pero sí me gustaría hacer hincapié en la problemática que supone la subida del SMI, sobre todo en los CEE y en las entidades sociales, porque el impacto es muy importante y el Gobierno tiene que echar una mano para paliar esta subida. No es sencillo, pero vamos a ver. El impacto de la subida del SMI puede poner en riesgo los puestos de trabajo y las propias empresas. Esa subida de salarios sí se puede abordar si viene acompañada de medidas compensatorias, ahora mismo tenemos la financiación del 50% del SMI para los trabajadores del CEE, en discapacidades de más del 65% se subió al 55%, y pedimos que se suba más esa ayuda para compensar. Si no se escucha nuestra voz, todo el trabajo que llevamos realizado en inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, se puede ir al traste por medidas tan esperadas y necesarias, como es la subida del SMI, pero que deben ir acompasadas con otras medidas.
Además de ese problema con el SMI y la apuesta por los servicios de vanguardia, ¿qué otros aspectos afectan a la patronal y ocupan su tiempo?
Apostamos por la vanguardia y el futuro de las personas con discapacidad, que pasa también por desinstitucionalizar a las personas, tenemos que pensar en otros modelos en comunidad, también en el ámbito del empleo, de la atención temprana… todo este apoyo en la comunidad, más que en la institución es un cambio de paradigma total que no es fácil, pero es el futuro. El ámbito rural también es un reto tremendo porque la red de recursos no llega igual que en una ciudad.
¿Los modelos de inclusión laboral para las personas con discapacidad están evolucionando o se mantienen igual en los últimos años?
Tenemos diferentes fórmulas ya históricas, como son los CEE, que a día de hoy sigue siendo la forma por la que más personas entran al mundo laboral, es el mayor empleador de personas con discapacidad en nuestro país. La vía del empleo ordinario también está creciendo, pero hay que seguir explorándola, como decía antes, porque tenemos que interactuar más en comunidad y eso se traslada también al ámbito laboral. Y luego tenemos el empleo público, donde trabajamos mucho en oposiciones adaptadas. Son los tres grandes ámbitos de acceso al empleo de las personas con discapacidad. Pero los CEE se rigen por una normativa que viene de la antigua Lismi, del año 82, y necesitamos un cambio, adaptarnos a los nuevos tiempos. Aunque el CEE nos sigue dando grandes resultados, hay que explorar nuevas fórmulas para un nuevo modelo de inserción laboral, de empleo protegido en este caso, y en eso estamos trabajando en el
CERMI,
Feacem y en esta casa.
La formación continúa siendo quizás otro asunto complicado que condiciona en buena medida la inclusión y el empleo de calidad, ¿no es así?
Hay que partir de una realidad y es la escasa formación de las personas con discapacidad y hay que trabajar en ello para que puedan acceder a puestos más cualificados. Es un reto importante y ahí la formación profesional dual es una herramienta fundamental para que, además, la persona tenga su certificado de profesionalidad que le pueda dar pie a ocupar un puesto de trabajo, y con una valía importante.
Además, otras de las claves es que el mundo empresarial vea que una persona con discapacidad intelectual puede ocupar un puesto de trabajo en su empresa, pero por desgracia a día de hoy las tasas de empleo y actividad de las personas con discapacidad intelectual sigue siendo más baja, por supuesto que las de la población sin discapacidad, pero también que el resto de las personas con discapacidad. Poco a poco tenemos que ir igualando esas tasas de actividad, pero siempre tiene una rémora y en esto la formación es clave.